Hace 49 años, cuando David Bowie interpretó a Newton, un extraterrestre que llegaba a nuestro planeta en busca de agua para salvar su mundo en la película “El hombre que cayó a la Tierra”, esa historia parecía una distopía muy distante. Hoy la crisis hídrica y el cambio climático han dejado de ser sólo argumentos cinematográficos para convertirse en una realidad tangible en países como Chile, que se encuentran entre los 20 más afectados por el estrés hídrico global.
El Estado de Chile al presentar la Ley Marco de Cambio Climático se posicionó como uno de los primeros de América Latina en adoptar un marco legal para enfrentar esta crisis: pero la ley también reveló que el principal desafío radica en ejecutar estas medidas de manera efectiva, garantizando que tanto las políticas públicas como las acciones locales y empresariales contribuyan a mitigar los efectos de este fenómeno devastador que pone en peligro la vida en el planeta.
Este año, el país debe cumplir con los compromisos asumidos en el Acuerdo de París, que incluyen la reducción progresiva de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y la actualización de su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC). Como parte de este proceso, el Ministerio del Medio Ambiente abrió una consulta pública, disponible hasta el 11 de abril, para recoger aportes y observaciones sobre el anteproyecto de la NDC y sus nuevos compromisos y metas.
La científica Cristina Dorador destaca que, si bien esta ley representa un avance significativo en términos legislativos y facilita la elaboración de planes de adaptación y mitigación a diversos niveles, implica igualmente un proceso a largo plazo, que demanda que se lleven a cabo acciones concretas en todo Chile.
En este contexto, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, aspira a consolidarse como un referente local en la implementación de medidas viables y efectivas para abordar el cambio climático desde las comunidades.
Orrego ha promovido el Plan Regional de Cambio Climático (el PARCC RMS), para asegurar su alineación con la Ley Marco de Cambio Climático. Asimismo, impulsa el programa “Maipo Resiliente” con la asesoría de Escenarios Hídricos 2030 de Fundación Chile, diseñado para abordar la crisis hídrica del Río Maipo, curso de agua esencial para el abastecimiento de la capital, que está afectado por las consecuencias de la mega sequía, tal como han señalado expertos como Jorge Gironás, investigador principal de Cigiden.
Cuando revisamos el PARCC RMS vemos que esta se estructura en seis áreas estratégicas: Gestión Hídrica, Riesgos por Cambio Climático, Gestión de Residuos, Biodiversidad, Eficiencia Energética, y Gobernanza y Fortalecimiento Institucional.
Pamela Poo, politóloga y directora de Políticas Públicas e Incidencia de la Fundación Ecosur, analiza el trabajo del gobierno regional metropolitano frente a la crisis climática, y explica que “los esfuerzos realizados son significativos debido a su enfoque territorial, que se refleja en el trabajo con las comunidades y con la academia, lo cual permite que las iniciativas tengan un impacto real”.
Además, afirma Poo, muchos otros gobiernos regionales y entidades públicas chilenas aún no abordan la adaptación al cambio climático. Por eso, a su juicio, el trabajo que lidera Claudio Orrego “puede irradiar incluso a otras autoridades de regiones para que adopten medidas que tienen que ver con la resiliencia a la crisis climática y ecológica”.
Cristina Dorador, quien también es profesora de la Universidad de Antofagasta, considera que el país necesita avanzar desde las ciencias y que el conocimiento “se vincule con las políticas públicas y la toma de decisiones. Es importante integrar los aspectos de mitigación y adaptación al modelo de desarrollo que existe en Chile, el que debe transicionar hacia economías sostenibles y con enfoque en la conservación de la naturaleza”.
Por su parte Carolina Palma, cientista política y coordinadora de Incidencia de la ONG FIMA, advierte que es vital que el gobernador Orrego dé a conocer el plan regional, puesto que ellos junto con otras organizaciones de la sociedad civil tienen poca información sobre las medidas, “sobre todo, considerando que la Región Metropolitana alberga más de la mitad de la población del país y donde estamos enfrentando una inminente escasez del agua y el avance de la desertificación. El Gobierno Regional debería involucrar más a la población en la implementación e invitar a la sociedad civil a participar”.
Palma asegura que aunque el cambio climático es un problema reconocido por la ciudadanía, como lo demuestran diversas encuestas realizadas en los últimos años, la forma en que se monitorean, evalúan y rinden cuentas sobre los avances en este ámbito sigue siendo un aspecto desconocido para la mayoría de la población. En este contexto, destaca, que es responsabilidad de la autoridad metropolitana promover activamente las medidas de este plan, que si bien fue aprobado hace meses, tiene muy poca difusión.
Menos áreas verdes, más desigualdad climática
Los mapas de exposición al calor de Santiago, disponibles en www.santiagohot.cl, desarrollados a partir de una investigación liderada por Raquel Jiménez (académica de la Universidad Andrés Bello) y Magdalena Gil (de la Escuela de Gobierno UC), ambas investigadoras del CIGIDEN, fueron presentados este año junto al gobernador Orrego y revelaron que las comunas de la Región Metropolitana con mayor población también enfrentan temperaturas más elevadas.
La investigación dejó en evidencia lo que otros estudios como el de la Universidad Adolfo Ibáñez (2024), respaldan y que la ciudadanía ha manifestado durante años: que comunas del sector oriente como Las Condes o Vitacura, al tener mayores espacios verdes, son menos calurosas que Renca y Quilicura, en la zona norte de la capital, que tienen menos árboles y sufren varios grados más de temperatura.
Ricardo Truffello, director del Observatorio de Ciudades, profesor de la UC e investigador del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS), en un reportaje de The Clinic (2024), confirma que solo el 5,7% de los habitantes de Santiago tiene acceso a los 10 m² de áreas verdes por persona que establece el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial.
Este dato nos remonta al reportaje de Chilevisión Noticias de 2022 titulado “La fuerte desigualdad en áreas verdes que afecta a comunas más vulnerables”. En él, vecinas como Valentina Castillo, de Cerro Navia, señalaban la evidente diferencia en la cantidad de espacios verdes entre comunas como Providencia, Ñuñoa o La Reina y su propia comuna.
En el mismo reportaje, Pedro Soto, vecino de la población El Castillo en La Pintana, en la zona sur de Santiago, relataba que en su comunidad abundan los terrenos eriazos llenos de basura y mencionaba los esfuerzos por plantar árboles y construir columpios sin apoyo de las autoridades locales.
El gobernador Orrego parece tomar en cuenta esta desigualdad cuando destaca que su gobierno regional plantó 33 mil árboles, de los 35 mil prometidos para 2025, y avanza así un 6,6% hacia su objetivo de sembrar 500 mil para enero de 2029, además de proponer “Bosques de bolsillo” en algunas comunas. Sin embargo, no basta con identificar las desigualdades, también hay que desarrollar y ejecutar políticas públicas que involucren a los habitantes y aseguren un acceso equitativo a las áreas verdes, especialmente en las comunidades más vulnerables y con mayores temperaturas.
De todos modos, surgen interrogantes sobre la eficacia de estas iniciativas frente a la crisis hídrica que afecta a la Región Metropolitana. ¿Son estas acciones suficientes para mitigar los efectos de la escasez de agua? ¿Cómo garantizar que las comunas con menos recursos no solo puedan plantar más árboles, sino también mantener sus áreas verdes de manera sostenible? ¿Son estas medidas adecuadas para lograr una verdadera resiliencia, tanto en el ámbito urbano como rural, ante la intensificación de la crisis hídrica?
Sobre este debate, Carolina Palma señala que el objetivo de los Planes de Acción Regional de Cambio Climático es llevar a cabo medidas, incluso dentro de las limitadas atribuciones de los gobiernos regionales. En este sentido, la verdadera preocupación surge en la necesaria coordinación entre estos gobiernos y las municipalidades, con el fin de asegurar que las acciones sean efectivas.
Pamela Poo, por su parte, considera que este no es un tema que recaiga exclusivamente en el gobierno regional, sino que involucra al país en su conjunto. “La Constitución tiene elementos que no permiten generar políticas públicas más intensivas para abordar la crisis hídrica. Este es un tema que compete al nivel central y al parlamento, ya que el artículo 19, número 24, fija la propiedad del agua en manos privadas. Esa realidad a menudo dificulta la creación de políticas públicas más resilientes para buscar soluciones”.
El Código de Aguas, que sigue en vigor desde la dictadura, establece una distinción crucial: el agua se considera tanto un recurso económico como un bien social. Este sistema desvincula la propiedad del agua de la tierra y permite que el Estado otorgue derechos de uso del agua a privados de forma gratuita y sin límite temporal, lo que dio paso a la creación del controvertido mercado del agua.
Una investigación titulada “Agua y Constitución”, realizada por la Universidad Católica, analizó los textos constitucionales de 92 naciones, y concluyó que Chile es el único país que reconoce de manera explícita la propiedad privada sobre los derechos de aprovechamiento de aguas.
El cambio climático y la crisis hídrica requieren una descentralización de competencias y recursos, afirma Cristina Dorador. En sus palabras, “descentralizar tendría un efecto clave. Las regiones deben ser pensadas considerando los impactos del cambio climático. Para ello, es crucial implementar soluciones basadas en la naturaleza, mejorar los espacios públicos, promover campañas masivas de educación ambiental y ampliar las áreas protegidas”.
Incendios y cambio climático
En los últimos días conocimos los estragos y las pérdidas humanas que han ocasionado los incendios en la ciudad de Los Angeles, California, incluyendo la multiplicación de noticias que presentan a las estrellas de Hollywood que han perdido sus propiedades.
También ha resurgido el debate sobre la influencia del cambio climático como un desencadenante de los incendios, y expertos como Cazzaniga, G., y Faranda, D. (2025) han encontrado evidencia de que estos han sido impulsados por condiciones meteorológicas muy raras, cuyas características pueden atribuirse a este fenómeno.
Frente a este suceso catastrófico que evoca a los incendios ocurridos en Chile durante 2024 (siendo el de Valparaíso el incendio urbano-forestal más grande registrado en la historia del país), académicos como Raúl Cordero señalan que, independientemente de si el fuego fue intencionado o no, este no habría podido alcanzar tales magnitudes sin las condiciones extremas y el cambio climático.
También en esos días, en un artículo del New York Times, se reveló que la escasez de agua obstaculizó los esfuerzos para detener el avance del fuego, según declaraciones de bomberos y residentes.
El Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), una iniciativa conjunta de la Comisión Europea y la Agencia Espacial Europea, confirmó lo que muchos temían: el 2024 se convirtió en el año más cálido jamás registrado desde el inicio de los registros en 1850. Asimismo, las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono y metano alcanzaron niveles históricos sin precedentes.
Desinformación
Resulta llamativo ver que pese a toda la evidencia científica, figuras políticas tan importantes como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigan negando la existencia del cambio climático en sus discursos, un negacionismo que formaliza con una orden ejecutiva para retirar nuevamente a Estados Unidos del Acuerdo de París, siendo este país el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero en el mundo.
En Chile no faltan afirmaciones engañosas sobre el tema. José Antonio Kast desinformó sobre la presencia del director de Greenpeace, Matías Asún, en el Congreso y lo culpó de retrasos en proyectos de inversión. También dijo que Asún debería irse del país, con lo que levantó las alarmas en el mundo científico y del activismo porque este comentario puede ser interpretado como una amenaza hacia un hacia defensor del medio ambiente, según el acuerdo de Escazú .
Por otro lado, el diputado libertario Johannes Kaiser se ha encargado de minimizar el impacto del dióxido de carbono en sus entrevistas en medios, y ha asegurado que eliminaría las energías renovables por considerarlas “costosas”, fortaleciendo así los discursos que contradicen estudios científicos disponibles sobre el tema.
Una encuesta realizada por Datavoz para la ONG FIMA en 2023, reveló que el 71% de las personas en Chile considera que el cambio climático impacta directamente su vida diaria, aunque un 30% piensa que la economía debería tener prioridad sobre el medio ambiente, poniendo así de manifiesto la tensión entre ambos temas y la necesidad de políticas que equilibren estos desafíos de manera sostenible.
El magnate sudafricano y asesor de Trump, Elon Musk, que acumula cada vez más poder y moldea la opinión pública desde la red social X, ha afirmado que “nadie va a morir en 5 años” debido a la crisis climática, una declaración que, para la escritora Azahara Palomeque, contradice las recomendaciones del propio Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) que advirtió sobre la necesidad urgente de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la mitad antes de 2030 para evitar consecuencias catastróficas.
Según Lucía Martínez, de Chequeado.com, se observa una expansión de narrativas que niegan el cambio climático y buscan sembrar dudas con el fin de bloquear o retrasar las acciones necesarias para contrarrestarlo. Al mismo tiempo, podría considerarse que estos mensajes están orientados a desincentivar la participación ciudadana, factor esencial para avanzar en la lucha contra este fenómeno.
La Acción Climática contra la Desinformación, en colaboración con Abbie Richards, investigadora del Accelerationism Research Consortium, citado en DW, informó sobre una preocupante tendencia en la red social X: según el informe de 2022, la cantidad de tuits con contenido de negacionismo creció de 30 mil a casi 110 mil por semana, amplificando la desinformación y dificultando los esfuerzos globales para involucrar a la ciudadanía en la lucha contra la crisis climática.
Durante ese mismo año, en la COP27, Jake Dubbins, miembro de Acción por el Clima contra la Desinformación, relató que una encuesta reveló el impacto global de los mensajes negacionistas. Por ejemplo, en Estados Unidos, 23% de la población cree que el cambio climático es una farsa creada por el Foro Económico Mundial. En otros seis países encuestados, el 20% de los participantes considera que el cambio climático no fue generado por consecuencia de la actividad humana.
En el contexto chileno y en palabras de Pamela Poo, “aún se requiere un compromiso más amplio del Poder Ejecutivo para legislar, gestionar y asignar recursos que preparen a la ciudadanía ante la crisis climática y ecológica”.
Es fundamental que, al reconocer que el cambio climático es una realidad que afecta nuestras vidas, más autoridades como Claudio Orrego se comprometan a promover planes de cambio climático en sus territorios y comunidades. Solo de esta manera se logrará involucrar a la ciudadanía, generar conciencia y fortalecer políticas regionales para mitigar los efectos de la crisis. Es a través de acciones responsables y alejadas del negacionismo que podremos enfrentar los desafíos inmediatos, y ojalá, frenar el acelerado y catastrófico avance del cambio climático.