Este artículo es parte de El primer civil de la dictadura, proyecto multimedia de Revista Anfibia y la Universidad Alberto Hurtado en conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado. Visita la cobertura completa aquí.
Como si hubiera estado presente, como si hubiera sido invitado, el informe que Álvaro Puga Cappa redactó el sábado 18 de junio 1983 no se ahorra detalle de todo lo que pudo saber de esa reunión realizada un día antes en casa del ex senador de derecha Fernando Ochagavía Valdés. Y lo que supo fue mucho, si es que no todo.
En ese memorandum referido a “datos sobre reunión conspirativa” se lee que la junta fue celebrada desde las 17:30 horas en avenida El Bosque Norte # 333, piso 6, comuna de Providencia, y en ella estaba presente parte de lo más granado de la vieja derecha chilena. Francisco Bulnes Sanfuentes. Julio Durán Neumann. Sergio Diez Urzúa. Juan de Dios Carmona Peralta. Jaime Guzmán Errázuriz. Y claro, el dueño de casa. Tomaron té y conversaron hasta pasadas las 20:30 horas. Y quien llevó la voz cantante de esa conversación fue Jaime Guzmán, que alertó sobre el probable “derrocamiento del general Pinochet” y propuso “una salida honorable” para un hombre acorralado por la grave crisis económica y el descontento social. El gobierno parecía tener sus días contados. Y no podía ser de otra forma, habría dicho Guzmán, considerando que ese gobierno estaba a cargo de “un hombre impredecible, que hoy decía blanco y mañana negro con la misma soltura de cuerpo, lo que mostraba claramente su incapacidad como gobernante”.
Varios de los informes y memorandos que escribió en 1983 hablan de los movimientos y las conversaciones confidenciales que líderes políticos de gobierno y de oposición sostenían a puertas cerradas.
El informe en cuestión no sólo revela las tensiones que se vivían al interior del régimen en esos días críticos, sino también, por la precisión de sus detalles, los métodos usados por los servicios de inteligencia —y de Álvaro Puga en particular— para recoger información confidencial.
Aunque el documento no lo menciona, es probable que en ese departamento alguien haya llevado una grabadora oculta o bien hubiese instalado un micrófono. Es probable también que el redactor del informe haya contado con un muy buen informante que fue invitado a esa reunión. El asunto es que Puga se enteró de todo lo que supuestamente se trató ahí, del mismo modo en que se enteraba de muchas otras cosas en esos días.
Varios de los 70 informes y memorandos que escribió en 1983 hablan de los movimientos y las conversaciones confidenciales que líderes políticos de gobierno y de oposición sostenían a puertas cerradas. Los documentos no sólo tienen la atención puesta en políticos. También tratan de lo que hablaban y planeaban y hacían empresarios, dueños de medios de comunicación, diplomáticos, sindicalistas y jerarcas de la Iglesia Católica. Ese era en parte su papel. Fisgonear, adelantarse, operar en las sombras por encargo de la Central Nacional de Informaciones (CNI), para la que Puga prestaba servicios en la primera mitad de los ochenta, del mismo modo en que lo había hecho una década atrás en la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA).
A fin de cuentas, el decreto ley de agosto de 1977 que la creó en reemplazo de la DINA establecía que la CNI es un “organismo militar especializado, de carácter técnico y profesional, que tendrá por misión reunir y procesar todas las informaciones a nivel nacional, provenientes de los diferentes campos de acción, que el Supremo Gobierno requiera para la formulación de políticas, planes, programas”.
Reunir y procesar todas las informaciones a nivel nacional, provenientes de los diferentes campos de acción. De la lectura de los documentos se desprende que esa era precisamente la tarea de Álvaro Puga.
OJOS Y OÍDOS OMNISCIENTES
Una semana después de la reunión en casa del exsenador Ochagavía, Puga se despachó un nuevo memorando sobre “temas varios” en el que alertó sobre una nueva cita de los mismos dirigentes, en la que habrían moderado sus intenciones de deshacerse del general, ya que “alguien puso en alerta a los conspiradores” sobre la filtración de sus planes. Y junto con ello, en el mismo memorando su autor se lamenta ante sus superiores de que “el día lunes, en conocimiento del lugar y hora en que se hacía la segunda reunión, no se hayan puesto escuchas para confirmar lo que se proyectaba en contra del Gobierno”.
Lo que concretamente se habría proyectado era un pacto entre fuerzas de gobierno y oposición para modificar la Constitución de 1980 y llamar a elecciones en 1985, dejando “que el general Pinochet tuviera la oportunidad de presentarse como candidato”. Algo no muy distinto a lo que ocurrió tres años después.
Con algunas variaciones, las tesis conspirativas se despliegan en varios documentos de 1983, elaborados en su mayoría con fuentes confidenciales, algunas que pueden suponerse propias del espionaje.
En otro memorándum de junio de ese año, por ejemplo, denuncia un nuevo “complot que se ha organizado para lograr la destitución” de Pinochet y reemplazarlo por el ex presidente Jorge Alessandri, a quien llaman "el hombre de la transición”. Sin mencionar cómo, el suscrito dice haberse enterado de que “se establecieron contactos con militares”, a los que “se les habría ofrecido plena inmunidad en el periodo de transición sobre todos los problemas anteriores, incluyendo una ley de amnistía” extensiva a 1983. Y dice haberse enterado también de que la “conspiración contra Su Excelencia” contaba con el beneplácito de los gremios empresariales y del comercio, del presidente de la Corte Suprema y, lo que parece más importante, la Democracia Cristiana.
Los papeles muestran interés en los diferentes campos de acción de la política, por menores que estos sean. Así, un memorando de mayo de 1983 alerta que “la situación estudiantil de las universidades es francamente desoladora por la penetración marxista de los últimos tiempos y por la pérdida que ha experimentado el gremialismo en todos los frentes juveniles. Llega a tanto el caos interno que se exhiben en el Pedagógico de Macul y en el de La Reina caricaturas del Presidente en las salas de clases y en los comedores y salas de esparcimiento”.
Con algunas variaciones, las tesis conspirativas se despliegan en varios documentos de 1983, elaborados en su mayoría con fuentes confidenciales, algunas que pueden suponerse propias del espionaje.
Sus ojos y oídos parecen abarcarlo todo, como una sombra omnisciente. Un próximo paro de estudiantes en la Universidad del Norte. El sentimiento de uno de los dueños del diario La Tercera, Germán Picó Cañas, “que tiene una aversión por la CNI que raya en la paranoia y por ello creo muy importante que el general director (Humberto Gordon) tenga un encuentro con él de tipo social aparente”. La reunión secreta de la directiva de la Democracia Cristiana en Batuco, “en la casa de uno de sus más connotados miembros”. Las críticas surgidas en esa reunión al dirigente Gabriel Valdés, a quien se acusó de frivolidad, porque en dos ocasiones muy importantes para el partido (...) primero se encontraba en Cachagua y no se movió de allí y segundo estaba en Europa, aprovechando su calidad de supuesto líder de la oposición democrática en Chile”. La reunión del jefe de gabinete del ministro Jarpa con abogados integrantes y su equipo asesor que terminó con la renuncia de uno de ellos, que se “retiró muy molesto”. La molestia de monseñor Fresno porque el ministro Jarpa llegó acompañado de un asesor “que se ha casado tres veces”. La cena a solas de Sergio Onofre Jarpa con el empresario Ricardo Claro en la casa de este, a pocos días de que el primero fuera nombrado ministro del Interior. La supuesta negativa del Departamento de Estado a recibir al dirigente democratacristiano Andrés Zaldívar, que “ni siquiera obtuvo una entrevista con Edward Kennedy”. El viaje “en el más absoluto secreto” a Estados Unidos del ex ministro del Interior, general Enrique Montero Marx, para solicitar ante el Departamento de Estado “el cumplimiento de los compromisos que se habían acordado” con Chile por la extradición de Michael Townley. El infructuoso viaje a Estados Unidos que también realizó Agustín Edwards Eastmann para solicitar “un subsidio” para su cadena de diarios en torno a El Mercurio, “que prácticamente se encuentra quebrado”, subsidio que solicitó “en nombre de la libertad de prensa”. El hecho de que “el señor Montero viajó en el mismo avión en que iba Agustín Edwards” y que éste invitó al primero a alojarse en su casa de Greenwich, Connecticut. Y así.
SALONES, PASILLOS, CALLEJONES
En la gran mayoría de los casos, Puga se cuida de omitir los nombres de las fuentes que le proporcionan información para sus informes. Por ejemplo, para dar luces de las dificultades del diálogo entre la oposición y el ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa, cita a “personas con las que he conversado”, sin identificarlas. Sin embargo, en ese mismo informe de octubre de 1983, ya sea por jactancia o quizás por darle crédito al contenido de la información que recoge, no tiene inconvenientes en dar cuenta de una conversación con el embajador de España en Chile, Miguel Solano, referido a la negativa del Partido Socialista chileno a participar del diálogo con el gobierno.
Quizás por el mismo motivo, en agosto de 1983 se despacha otro informe en el que refiere “un aparte” con “el consejero Sr. Matthews de la Embajada de Estados Unidos (segundo hombre después del embajador)”, quién habría mostrado preocupación por una reciente denuncia de radio Moscú: para hacer frente a la campaña de las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, “el Gobierno norteamericano le entregó a Jarpa y a sus amigos, los señores Gustavo Alessandri, Gregorio Amunátegui, Adolfo Ballas, Arturo Mackenna y otros, la suma aproximada de 2.000.000 de dólares”, y producto de una disputa interna, Jarpa “no rindió cuenta de las platas como debía haberlo hecho”.
Como se va viendo, Álvaro Puga es un asesor político y de inteligencia que se mueve por igual por salones, pasillos, callejones y subterráneos. Por todos lados merodea recogiendo y quizás también transando información. Sus contactos son amplísimos y alcanzan, por cierto, a dirigentes de la oposición política que en algunos pocos casos, por alguna razón, quedan al descubierto.
Los papeles muestran interés en los diferentes campos de acción de la política, por menores que estos sean. Sus ojos y oídos parecen abarcarlo todo, como una sombra omnisciente.
Un memorando de agosto de 1983 identifica al ex senador y dirigente de la Democracia Cristiana Adolfo Zaldívar Larraín como el informante de una reunión privada entre el ministro del Interior y el arzobispo Juan Francisco Fresno. El mismo dirigente, fallecido en 2013, es también quien reporta a Puga cada uno de las condicionantes de un plan que cuenta con el apoyo de Estados Unidos y apunta a “una real transición a la democracia”. Aunque la DC está volcada a exigir sin condiciones la renuncia del dictador, en el citado memorando se lee que Adolfo Zaldívar y otros dirigentes de su partido sostienen que “Pinochet es un pescado muy grande que sin duda alguna va a coletear muy fuerte antes de dejarse atrapar y en ese coleteo bien podríamos tener un ‘BOGOTAZO’ o algo mucho más violento que el 2 de abril de 1957, bajo el Gobierno de Ibáñez, o quizás algo mucho más terrible que podría ser la noche de los cuchillos largos de Yakarta”.
Además de Zaldívar, el también dirigente DC Luis Pareto González es mencionado por Puga como otro de sus informantes. En un informe del 21 de agosto de 1983, se lee que “Pareto contó que en la reunión que había sostenido con Jarpa, éste le había dicho que contaba con la plena complacencia del cuerpo de generales para su cargo”. Ex diputado, nombrado intendente de Santiago tras el retorno de la democracia y fallecido en 2022, Pareto también le contó a Puga que el ministro Jarpa “se comprometió ante él de autorizar concentraciones políticas de la oposición”. En efecto, tres meses después de ese informe, la oposición convocó a la primera concentración en el Parque O’Higgins.
OFICINAS, FÁBRICAS, TALLERES
En los papeles no quedan claras las motivaciones de los dirigentes de la Democracia Cristiana para entregarle información a una persona como Álvaro Puga, cuyo rol como cómplice de la Operación Colombo y censor del régimen ya era pública y ampliamente conocida en ese partido. El nombre de Puga figura en un cable de la embajada de Estados Unidos en Chile como el funcionario de gobierno que amenaza con la clausura de radio Balmaceda, vinculada a la DC, por sus críticas a la dictadura en materia de Derechos Humanos. También era vox populi en el mundo político que Puga oficiaba de vocero del general Manuel Contreras, de lo que dio cuenta un cable de 1978 de la embajada de Estados Unidos en Chile. Es probable que Puga, pese a sus antecedentes, intercambiara información con líderes políticos de la oposición. En los documentos de su autoría no hay evidencia de que pagara por información, pero sí de que ofreciera favores a cambio.
De eso trata en parte el memorando del 27 de junio de 1983 relativo a “asuntos que no han tenido respuesta a lo solicitado”, en el que pide una gestión ante el Consejo de Defensa para el ex ministro de Vivienda y Urbanismo de la Unidad Popular, Luis Matte Valdés, por un litigio legal de unos terrenos de su propiedad en La Florida. En el informe se dice que “el señor Matte es un elemento valiosísimo para la información de los sectores de izquierda que él entrega voluntariamente”.
Fallecido en 2019, Matte Valdés figura entre los dirigentes políticos mencionados en el Bando Nº10 que conmina a entregarse voluntariamente en el Ministerio de Defensa, “bajo apercibimiento de severa sanción”, una lista que el mismo Puga, años después, se jactó de haber ayudado a elaborar. Estuvo detenido en el campo de prisioneros de Isla Dawson, y para la época en que fue mencionado en el documento en cuestión, iniciaba una larga relación con la periodista Patricia Verdugo.
Al ser contactada, la familia de Luis Valdés Matte no quiso referirse al tema.
En el mismo documento, Puga también pide “autorización para que la hermana de un dentista de Valdivia pueda regresar a nuestro país, porque este hombre, al igual que el anterior, tiene contactos valiosos con muchos sectores de izquierda”. El suscrito menciona el nombre de la mujer exiliada, no así el de su hermano.
Es probable que Puga, pese a sus antecedentes, intercambiara información con líderes políticos de la oposición. En los documentos de su autoría no hay evidencia de que pagara por información, pero sí de que ofreciera favores a cambio.
Tal como lo mandata el decreto de la CNI, Álvaro Puga estaba pendiente de recoger datos “provenientes de los diferentes campos de acción”. Los campos, ya se sabe, eran vastos: oficinas, fábricas, talleres, aulas de clases, servicios públicos. Por documentos judiciales se sabe que la CNI tenía infiltrados a agentes en empresas estatales como LAN Chile y la Compañía de Teléfonos de Chile. Pero los documentos de Puga evidencian que los brazos de la CNI también alcanzaban a empresas privadas, con la complicidad de sus dueños.
En el memorando de junio de 1983 pide que la CNI infiltre la fábrica textil del empresario Jorge Comandari Kaiser, “porque alguien le sopló que allí se fabrican miguelitos (...) me dice que él podría darle trabajo a alguien enviado por el servicio para que controlara y comprobara si es efectivo lo que allí se ha denunciado”.
Jorge Comandari Kaiser no respondió a los mensajes enviados para este reportaje. En el citado informe, Puga dice que “él es un hombre que nos ayuda muchísimo con sus contactos políticos”.
EL ENEMIGO EN CASA
No es extraño que los documentos evidencien el espionaje del que eran objeto civiles cercanos al gremialismo. Los papeles deben leerse considerando el interés de Puga y los adeptos al movimiento nacionalista por recuperar terrreno frente a la influencia y el poder que habían ganado Jaime Guzmán y sus hombres al interior de la dictadura. La crisis política desatada por las protestas y una economía por los suelos era una oportunidad para desacreditar el papel de los Chicago Boys y sus aliados gremialistas que ahora, ante la debacle y el aparente derrumbe del régimen, “abandonan el barco como ratas”.
Tal como lo mandata el decreto que crea la CNI, Álvaro Puga estaba pendiente de recoger información “provenientes de los diferentes campos de acción”. Los campos eran vastos: oficinas, fábricas, talleres, aulas de clases, servicios públicos.
Esto último escribió Puga en un informe de 1983. Y lo repitió a viva voz en un reportaje de la revista Hoy de noviembre del año anterior, que dio cuenta de la rivalidad entre los duros y los blandos al interior del régimen, representados por Puga y por Guzmán, respectivamente. La rivalidad se remontaba a la segunda mitad de los setenta, cuando los gremialistas desplazaron a los nacionalistas de los principales cargos en el gobierno, a la vez que denunciaron a Puga de quedarse con un porcentaje de las comisiones de la propaganda contratada por el gobierno. De esa época es precisamente un documento de la DINA que perfila a Guzmán y da cuenta de que este “da retiro” a jóvenes universitarios en su departamento de calle Galvarino Gallardo, en la comuna de Providencia.
Si entonces la DINA sabía dónde vivía Guzmán, en la década siguiente Puga sabrá también el lugar en el que Guzmán cobraba “su cheque de funcionario de la Secretaría General de Gobierno”: sucursal de las Torres San Borja Banco del Estado. El dato aparece en el reportaje de la revista Hoy y lo dio Puga a modo de advertencia. Guzmán estaba avisado. Sabían todo de él.
Arte de portada Thiago Donato