El gobierno de Gabriel Boric ya lo había dicho: independientemente de los resultados del plebiscito, se cierra, al menos por los próximos dos años, el capítulo constitucional.
–La política ha quedado en deuda con el pueblo de Chile. Y esa deuda se paga logrando las soluciones que los chilenos y chilenas necesitan y nos exigen que alcancemos. Está claro, no me cabe ninguna duda, de que lo que hoy demanda la ciudadanía es mayor capacidad de diálogo, de consensos, pero sobre todo de acción –dijo el mandatario, añadiendo que ahora es necesario avanzar en la agenda de seguridad y de justicia social.
El oficialismo está lejos de una posición cómoda, ya que Revolución Democrática -uno de los principales partidos de la coalición- se encuentra en medio de una investigación por corrupción debido al traspaso irregular de fondos a fundaciones, el llamado “Caso Convenios”. Además, en el último año el gobierno no ha logrado repuntar en las encuestas, navegando entre un 25 y un 30% de popularidad. A nivel general, se explica, también, por el desempeño negativo en lo que se refiere a la agenda de seguridad y la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Añadido a esto, tanto la reforma tributaria como la reforma al sistema de pensiones, sus dos proyectos emblemáticos, se encuentran congeladas en el Congreso, donde no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras.
La oposición, a su vez, endureció su postura contra el gobierno a medida que iba cerrando la campaña por el plebiscito. Lejos de informar y defender las ideas centrales de su propuesta de nueva Constitución, su franja radial y televisiva y las redes sociales fueron medios para atacar constantemente a la actual administración. Bajo su perspectiva, el plebiscito era una suerte de juicio político contra el gobierno, con el objetivo de debilitarlo y, a la vez, fortalecer la posición de la derecha de cara a las elecciones municipales de 2024.
¿Y ahora?
La victoria del En Contra es un balón de oxígeno, principalmente para una coalición de gobierno que sufrió duras derrotas en el plebiscito de salida de 2022 y en las elecciones para el Consejo Constitucional de mayo. En 2022, se llegó al punto de afirmar que si rechazaba la propuesta de la ex Convención Constitucional no se podría cumplir el programa de gobierno. Del mismo modo, la elección de mayo fue una dolorosa derrota, ya que la izquierda perdió toda posibilidad de vetar a la derecha con el fin de mantener la propuesta de la Comisión Experta. Por eso, una tercera derrota en el reciente plebiscito de salida hubiese sido un golpe definitivo para el gobierno y su programa, especialmente sobre una alicaída administración que se encuentra notoriamente abrumada por los ataques de la oposición. Esa ansiedad se ha evidenciado, por ejemplo, en sus errores comunicacionales no forzados, como críticas al contenido que programan los canales de televisión y los periódicos, los que han centrado su parrilla informativa en la delincuencia y el crimen organizado.
Si bien desde La Moneda han sido mesurados y no han interpretado el resultado del plebiscito como una evaluación de la ciudadanía en favor del gobierno, se abre una importante ventana de oportunidad para retomar la discusión tributaria y la tramitación de la reforma al sistema de pensiones. Es esperable que el gobierno reinicie las conversaciones con los partidos políticos en aras de avanzar en su agenda redistributiva y también para otorgar mayores recursos para fortalecer el pilar social del Estado.
Por otro lado, la derrota de la oposición en el plebiscito no es absoluta. Con un 44,24% de los votos válidamente emitidos hay margen para la acción pensando en los desafíos electorales futuros. La derecha consiguió controlar y utilizar el fallido proceso constitucional para construir una identidad de partido, utilizando la propuesta rechazada de nueva Constitución como su programa de gobierno. Este resultado, más allá del fracaso, acortará la incertidumbre sobre si la derecha tradicional (Evopoli, Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente) formará o no una alianza electoral con la derecha radical (Partido Republicano) de cara a las elecciones municipales con el propósito de recuperar municipalidades. En los pasados comicios, perdieron sectores emblemáticos como Santiago Centro, Maipú, Ñuñoa, Estación Central y Viña del Mar. Es esperable que ambas derechas se alíen por mera conveniencia electoral.
Las próximas elecciones servirán también para evaluar la capacidad de convocatoria de las principales cartas presidenciales del sector: Evelyn Matthei (Unión Demócrata Independiente) y José Antonio Kast (Partido Republicano). Las dos figuras parecieran ser las más afectadas por el resultado del plebiscito. En el caso de Matthei, en primera instancia se mostró contraria al texto, pero tras las presiones de su partido se sumó con tibieza a la campaña por el A favor. Y Kast ha sido apuntado como el conductor de su partido en el proceso constitucional, apostando su capital por la aprobación de la propuesta.
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El sistema de partidos en su conjunto tendrá una serie de desafíos tras el cierre del proceso constitucional. Queda pendiente la reforma al sistema político en un país donde el Congreso está completamente fragmentado (21 partidos con representación). Además, los partidos deberían hacer un llamado a la moderación. Ambos procesos constituyentes causaron el rechazo por parte del electorado ante la imposibilidad de alcanzar propuestas de consenso. En cambio, en ambas oportunidades se plebiscitaron propuestas identitarias, siendo la primera representativa de la izquierda, mientras que la segunda de la derecha. La búsqueda de acuerdos es urgente, sobre todo porque Chile enfrenta la peor crisis de seguridad en su historia, donde delitos nunca antes vistos con tanta frecuencia como la extorsión y el secuestro se han tomado la agenda, pero sin soluciones concretas. Del mismo modo, el país necesita avanzar rápidamente en temas tales como la salud, educación y crecimiento económico (pese a que la inflación se ha ido estabilizando hasta llegar a un 4%).
Desde hoy Chile tendrá que dejar atrás el fallido episodio constitucional y centrarse en la discusión de los temas contingentes. El desafío no es menor: el rechazo a las dos propuestas constitucionales también puede interpretarse como el rechazo definitivo del electorado a toda la clase política por no dar respuesta a sus necesidades. Si esta tesis se confirma, surge una segunda interpretación: el desfonde del sistema de representación. Este escenario podría ser el peor de todos, ya que alimentaría posturas todavía más populistas y radicales, abriéndose espacio a la anti-política mediante el surgimiento de liderazgos que pongan en jaque al sistema democrático, principalmente prometiendo intercambiar libertad por mayor seguridad.
Habrá que estar atentos al accionar tanto del oficialismo como de la derecha para llevar la discusión política al centro en lugar de incrementar la incertidumbre y la polarización. El 18 de diciembre es un punto de inflexión sobre el destino que tomará un Chile que, tras cuatro años desde el estallido social, no logró una nueva arquitectura institucional. Somos el primer país a nivel mundial con dos procesos constituyentes fallidos. A ello se suma la inseguridad, el aumento de la corrupción y un costo de vida notoriamente superior a 2019 a causa de la pandemia.