Este artículo es parte de El primer civil de la dictadura, proyecto multimedia de Revista Anfibia y la Universidad Alberto Hurtado en conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado. Visita la cobertura completa aquí.
Si en marzo de 1974 la Declaración de Principios del Gobierno de Chile planteaba que “resulta imperioso cambiar la mentalidad de los chilenos”, para 1983 la concreción de ese anhelo estaba en serias dudas. Cercada internacionalmente, en medio de una aguda crisis económica y en pleno resurgimiento de la oposición política y social, la dictadura estaba en vilo, a la defensiva de una mayoría que expresaba su descontento por medio de protestas populares al tiempo que reivindicaba símbolos y emblemas políticos del pasado. Algunos de esos partidos políticos a los que esa misma declaración de principios había prometido que “no serán admitidos nuevamente en la vida cívica” —y que la Constitución de 1980 había ilegalizado— estaban de vuelta en las calles.
En ese contexto, en medio de un recrudecimiento de la represión, de la reinstauración de los estados de excepción, de los allanamientos masivos en poblaciones, de los militares copando con caras pintadas y tanquetas las avenidas de una ciudad de Santiago empobrecida por la recesión, el propagandista y asesor de los servicios de seguridad Álvaro Puga Cappa se despachó un memorándum secreto el 8 de noviembre de 1983. El título: “Plan (de) acción psicológica para contrarrestar la concentración del 18-11”.
En ese documento, Puga propone un listado de medidas que, en buenas cuentas, tienen el propósito de desacreditar con montajes, amedrentamientos, infiltrados y noticias falsas la primera masiva concentración de la oposición política, a la vez que sembrar terror en la población. En buenas cuentas, con motivo de la manifestación convocada para el 18 de noviembre en el Parque O’Higgins, la idea era echar a correr el rumor de que “en este acto se realizarán hechos terribles de vandalismo” y, en segundo término, a través de lo que llama “acciones intermedias”, tornar real ese rumor con hechos de violencia como atentados, sabotajes, asaltos y hasta la violación de una menor.
Puga proponía desacreditar con montajes, amedrentamientos, infiltrados y noticias falsas la primera masiva concentración de la oposición política, a la vez que sembrar terror en la población.
Si bien no tiene destinatario, en el contexto de otros documentos del mismo remitente puede suponerse que estaba dirigido a la Central Nacional de Informaciones (CNI), con la que Puga colaboró ese mismo año en otras tareas, como la campaña propagandística de las celebraciones oficialistas de los diez años del golpe de Estado, encomendada por el mismo general Pinochet, de quien Puga era cercano, lo mismo que del director de la CNI, Humberto Gordon. El documento, además, tiene la misma estructura formal y orden de contenidos que otros memorándums de la CNI elaborados en 1983, como el remitido el 10 de junio al Ministerio de Relaciones Exteriores por el mayor general Gordon. En dicho documento, el director de la CNI daba cuenta de una reciente denuncia de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en Chile.
El documento con el plan de acción psicológica de Puga también tiene una estructura operativa similar a los planes creados por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), como lo fue el Plan de Operaciones Épsilon, remitido por su director, Manuel Contreras Sepúlveda, a diversas agencias del Estado en junio de 1975. Su objetivo era contrarrestar la presión internacional por los cuestionamientos a las violaciones a los derechos humanos y disuadir a la opinión pública nacional con motivo de la visita de un grupo especial de las Naciones Unidas en julio de ese año, visita que la dictadura canceló días antes de efectuarse.
LA PRENSA FANTASMA
En 1975, mientras dirigía la oficina de Asuntos Públicos de la dictadura, Álvaro Puga había tenido un rol protagónico en la Operación Colombo, un montaje comunicacional de la DINA que tuvo el propósito de encubrir el crimen de 119 opositores y, a la vez, desacreditar las denuncias por la desaparición sistemática de personas a manos de la policía política del régimen. Lo que se quiso hacer creer es lo que solían decir las versiones oficiales en esos años: esas personas habían abandonado voluntariamente sus hogares, estaban fuera del país y, en este caso, habían sido asesinadas por sus propios compañeros, fruto de sus pugnas internas.
Con este propósito, la DINA —y en particular su Departamento de Operaciones Psicológicas, dirigido por el oficial de Ejército Vianel Valdivieso—, ideó un complejo operativo que significó la creación de un diario brasileo bautizado Novo O Día, que en su única edición del 25 de junio de 1975 informaba de la muerte de 59 miristas, caídos en “enfrentamientos con fuerzas del gobierno argentino en Salta”. Veinte días después, en Argentina, la revista porteña Lea daba cuenta de una nómina de otros 60 “extremistas chilenos eliminados por sus propios compañeros de lucha”. La revista, que también tuvo una sola edición, fue editada por una agencia dependiente del Ministerio de Bienestar Social argentino, a cargo entonces de José López Rega, fundador del grupo paramilitar anticomunista conocido como la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina). A partir de estas informaciones, el vespertino chileno La Segunda, en su edición del 24 de julio del mismo año, publicaba el titular de portada “Exterminados como Ratones”, antecedido por el epígrafe “59 miristas chilenos caen en operativo militar en Argentina”.
No fue sólo La Segunda. El mismo día en la mañana, en los quioscos del país, los diarios matutinos también recogieron en titulares la información proporcionada por Álvaro Puga: “El MIR asesina a 60 de sus hombres en el exterior” (La Tercera), “Identificados 60 miristas ejecutados por sus propios camaradas” (El Mercurio) y “Sangrienta pugna del MIR en el exterior” (Las Últimas Noticias).
Si bien la cúpula de la DINA resultó condenada por el crimen de 119 personas, la investigación judicial no se hizo cargo del operativo comunicacional asociado al caso, operativo que según un artículo publicado en Ciper por la periodista Mónica González, “fue clave para conseguir el éxito del plan”. Este artículo cita un sumario realizado por el Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas de Chile, que derivó en un fallo que sancionó a periodistas colegiados que permanecían con vida, entre ellos al dueño del diario El Mercurio, Agustín Edwards, además de establecer la responsabilidad que le cupo a Álvaro Puga, quien fue señalado como el funcionario de gobierno que distribuyó la información falsa a los editores y directores de los medios escritos chilenos. Como no era periodista, Puga no pudo ser sancionado por ese hecho.
ESTAMOS EN GUERRA, SEÑORES
Puga no era periodista, pero se consideraba experto en propaganda, comunicaciones y censura de prensa. También en lo que llama campañas subliminales y operaciones psicológicas, un arma surgida en la Guerra Fría y sistematizada por la doctrina de guerra contrasubversiva francesa y exportada al mundo por las escuelas de Guerra Especial de Estados Unidos, a través de intercambios y asistencias técnicas a diferentes países, entre ellos Chile.
Desde comienzos de la década de los sesenta diversos oficiales chilenos comenzaron a reflexionar sobre esta estrategia militar. De acuerdo con el artículo titulado “Guerra psicológica” (Memorial del Ejército Nº 309, 1962), se trata de un “arma de carácter oculto, sórdido y misterioso, que emplea medios intelectuales y emocionales, tanto contra la población civil, como hacia el combatiente”. El objetivo: modificar la conducta y emociones de la población, y minar la moral de los enemigos.
Esta estrategia de guerra se institucionalizó al interior de las Fuerzas Armadas chilenas desde esa época y tuvo un desarrollo exponencial y práctico desde comienzos de la dictadura. Civiles y militares, psicólogos y sociólogos, cineastas y periodistas se pusieron al servicio de la guerra contra la subversión y la disidencia política. Lo que el militar argentino Fernando Frade llamó “operadores de guerra psicológica”.
Álvaro Puga no era periodista, pero se consideraba experto en propaganda y comunicaciones. También en lo que llama campañas subliminales y operaciones psicológicas.
Todo vale en este tipo de guerra. Como recomendaba la DINA en su Curso básico para oficiales (1976), elaborado por la Escuela Nacional de Inteligencia, se “debe aprovechar que la gente piensa que la ley no será vulnerada. Esta credibilidad nos dá [sic] la ventaja de vulnerar la ley. Lo interesante es que al actuar clandestinamente hay que saber hacerlo a objeto de mantener esta credibilidad. Ahora bien, la ley también ofrece una serie de garantías, las cuales deben ser explotadas con habilidad y en nuestro provecho”.
En la serie de artículos sobre la Psicopolítica Dictatorial publicada por el medio Interferencia, el periodista Juan Íñigo Ibáñez sostiene que el objetivo de resocializar y reeducar a la población “se hizo despolitizando el imaginario social y re ideologizando a los sectores populares”, por medio de organismos gubernamentales como el Departamento de Relaciones Humanas y Conducta Social. “Junto al Comité Creativo de Asesoría Publicitaria y luego la Dirección Nacional de Comunicación Social (DINACOS), (fue) uno de los pilares de la estructura de propaganda y guerra psicológica de la dictadura”, escribe.
En ese sentido, el ya citado “Plan (de) acción psicológica para contrarrestar las protestas del 18-11” de Puga sigue el mismo patrón, quizás de manera más rústica que otros documentos conocidos. Elaborado diez días antes de la movilización de noviembre de 1983, está estructurado de un modo similar al que recomiendan los manuales de guerra psicológica como el RC 5-2 de Operaciones Psicológicas del Ejército Argentino y el FM 33-5 Psychological Operation Techniques and Procedures del Ejército norteamericano, de 1966 y 1968 respectivamente.
CAMPAÑA DE RUMORES Y PSICOSIS COLECTIVA
La concentración masiva del 18 de noviembre de 1983 fue la primera organizada por la oposición desde el inicio de las jornadas de protestas populares, iniciadas en mayo de ese mismo año. La convocatoria al Parque O’Higgins era liderada por la Alianza Democrática, la coalición opositora encabezada por la Democracia Cristiana y que respaldaban radicales y socialdemócratas. Hacia finales de octubre, tras la séptima jornada de protesta convocada por el Comando Nacional de Trabajadores, las tensiones en la oposición entre la Alianza Democrática, el Bloque Socialista y el izquierdista Movimiento Democrático Popular (formado por el Movimiento de Izquierda Revolucionario, MIR, y el Partido Comunista, PC), comenzaban a disiparse. El objetivo común era acelerar la apertura democrática del régimen.
Los ánimos estaban caldeados en el Gobierno, ante la constatación de que la estrategia de la apertura política propuesta por el nuevo ministro de Interior, Sergio Onofre Jarpa, no estaba logrando su objetivo de contener las movilizaciones, a la vez que era percibida por la oposición como una mera maniobra disuasiva. En la práctica, la dictadura estaba empeñada en generar un clima de “anticomunismo y subversión” que confrontara a “demócratas” y “comunistas”, similar a la desarrollada durante los primeros días del régimen. Es decir, evitar a toda costa un acuerdo entre la Alianza Democrática y el Movimiento Democrático Popular. En eso Puga creía ser útil.
Su plan de acción psicológica se estructura en cinco niveles que se proponen desacreditar a la oposición al tiempo que dividirla entre marxistas y demócratas. A la vez, busca hacer fracasar la concentración y generar un sentimiento de agotamiento con las movilizaciones, enfatizando que estas sólo han “representado muertes inútiles y vandalismo”. Para ello era necesario vaciar la ciudad y atribuir esa acción a un respaldo del gobierno.
Durante la dictadura chilena, civiles y militares, psicólogos y sociólogos, cineastas y periodistas se pusieron al servicio de la guerra contra la subversión y la disidencia política.
Mediante campañas de rumores, propone instalar en la población el miedo a potenciales asaltos, a través del reparto de volantes asociados a los “comunistas”, indicando que, de ir a la concentración, “las casas van a quedar desguarnecidas y que el lumpen pretende atacar las propiedades aprovechando las ausencias de los moradores”.
En lo que se define como un “nivel intermedio”, el objetivo fue “crear una psicosis colectiva para el viernes 18”, por medio de acciones como sabotajes a las líneas del Metro; paralización de la locomoción colectiva; “atentado contra Fantasilandia, atribuible al MIR”; apagones de luz en los alrededores del Parque O’Higgins atribuidos al Partido Comunista; denuncias de “coacciones” de este mismo partido para forzar a la gente de participar en la movilización, y “en caso contrario su familia lo pasará muy mal”; y entregar volantes atribuibles al MIR y al PC con “ideas absolutamente contrarias respecto a lo que se puede hacer y no hacer en la concentración”, entre otras propuestas.
El plan suma otra idea: “Violación de una menor por un grupo de delincuentes en el Parque O’Higgins”.
En lo correspondiente al Gobierno, la planificación contempla una serie de acciones políticas, económicas y diplomáticas. Todo articulado desde un férreo control de la prensa y los medios de comunicación. “El Gobierno debe llamar a los principales medios de comunicación para pedirles (exigirles) que no se les dé mayor difusión al plan del día 18, y que esta nunca esté en primera plana, sino que siempre una noticia de páginas muy interiores. Amenazar que en caso contrario los créditos otorgados por el régimen para la supervivencia de los medios será cobrado de forma apremiante”, se lee en el documento, atendiendo a los préstamos millonarios que el gobierno, por medio del Banco del Estado, había otorgado a las empresas periodísticas propietarias de El Mercurio y La Tercera.
VUELOS RASANTES SOBRE POBLACIONES
A nivel político, días antes de la concentración del 18, Pinochet debería viajar fuera de la capital, fustigar a la oposición y efectuar anuncios de política económica y social: “El gobierno debe dar a conocer, no después del 15 de noviembre, algún plan de envergadura respecto al problema económico, sin tocar para nada ningún aspecto institucional”.
En el manejo de las tropas policiales y militares, la noche anterior a la concentración “la aviación debería hacer vuelos rasantes sobre todas las grandes poblaciones” del sector sur y oeste de Santiago. El Ejército debería acuartelarse en sus guarniciones, sobre todo en los regimientos aledaños al Parque O’Higgins para dar una “demostración de fuerza en todas las unidades militares aledañas”. Carabineros, en tanto, el mismo día de la concentración, “en gran cantidad deberían instalarse solamente en los accesos del Parque O’Higgins, en las escaleras del Metro y en los paraderos de micros con armas largas”. Por su parte, Investigaciones debería dar “chipe libre” para los lanzas, prostitutas y drogadictos a fin de convertir el acto en otra cosa”.
Finalmente, la planificación propone copar la pauta de comunicaciones con reportajes de prensa, editoriales y programas radiales y de televisión que hablen de “terrorismo”.
RUIDO DE SABLES Y BAYONETAS
Aunque no hay evidencias de que ese plan se haya cumplido al pie de la letra, al revisar la prensa de la época se aprecian algunas coincidencias con lo ocurrido en los días previos y posteriores a la concentración.
El mismo 7 de noviembre que se autorizó la concentración en el Parque O’Higgins, se fugaron de la Penitenciaría siete reos y el intendente de Santiago, brigadier Roberto Guillar, denunció a la prensa que “el PC y el MIR pusieron en marcha un plan para provocar caos”. La cita fue destacada en el titular de la noticia publicada al día siguiente por el diario La Tercera.
La denuncia del brigadier Guilliar precisó que ambas organizaciones habrían confeccionado listas y amenazando de muerte a dirigentes vecinales para presionar a las personas que no querían protestar, buscando con ello “amedrentar y crear pánico entre gente que cumple una misión loable. Les he dicho que se unan, porque así el peligro disminuirá”, se lee en la misma nota de La Tercera.
El plan de acción psicológica de Puga se proponía desacreditar a la oposición al tiempo que dividirla entre marxistas y demócratas. A la vez, buscaba hacer fracasar la concentración del Parque O’Higgins y generar un sentimiento de agotamiento con las movilizaciones.
A los días, el ministro secretario general de Gobierno, Alfonso Márquez de La Plata, denunciaba que el Partido Comunista había hecho un llamado a las armas para el 18 de noviembre, escondido en un acrónimo inserto en un avisos económico publicado en La Tercera. “PC A LAS ARMAS”, se lee si se toman las primeras letras de cada palabra:
Según Márquez de la Plata, el supuesto llamado era “una demostración más detrás de toda la organización de la concentración convocada para el día 18 está el Partido Comunista”.
El Partido Comunista desmintió esta acusación en una declaración, señalando que la dictadura buscaba generar una “violenta campaña anticomunista y contra toda la oposición democrática”, como consignó La Tercera en un publicación del 17 de noviembre.
A una semana de la concentración, algunos gremios de los conductores de microbuses que operaban en la zona de Santiago, aduciendo una crisis de seguridad, amenazaron con paralizar los recorridos por la ciudad.
Y el 15 por la noche, como recomendaba Puga, Pinochet se trasladó de gira por Arica e Iquique. Además de efectuar una serie de inauguraciones de obras de infraestructura, aprovechó de fustigar a “los marxistas”, llamando a la ciudadanía a luchar contra el comunismo para lograr una “democracia limpia y pura”.
Tal como lo proponía el plan de Álvaro Puga, en los días previos a la concentración en el Parque O’Higgins comenzaron a circular entre la clase media y media alta rumores de actos de delincuencia e inseguridad. La revista APSI, de oposición a la dictadura, reportó que “algunas señoras comentaban que ese día los extremistas pensaban asolar las casas, que no habría locomoción”.
La prensa de la época no reporta el vuelo rasante de aviones por poblaciones de la capital. Sin embargo, la oposición denunció que entre el 10 y el 17 de noviembre las Fuerzas Armadas y de orden allanaron diversas poblaciones del Gran Santiago. De acuerdo con los reportes de prensa de la época, las ocupaciones y registros de viviendas de uniformados se realizaron en poblaciones como Santa Julia y Rebeca Matte, en Ñuñoa; Óscar Bonilla, Teniente Merino, Maipo, Las Brisas y el campamento Venezuela, en Puente Alto; y Barrero, Bosque Uno, Bosque Dos, Villa Wolf, Patria Nueva y El Rodeo, en la comuna de Conchalí. El total de personas detenidas en esos operativos fue de 310.
Uno de los objetivos era “crear una psicosis colectiva” antes de la concentración del 18 de noviembre de 1983 por medio de acciones como sabotajes a las líneas del Metro; paralización de la locomoción colectiva; un atentado contra Fantasilandia; apagones de luz en los alrededores del Parque O’Higgins y la violación de una menor en ese mismo lugar.
El día previo a la movilización, El Mercurio denunció que “el MIR hace 15 días viene dando golpes espectaculares con el rayado de edificios públicos y automóviles particulares, en los que llama a la reunión del Parque O’Higgins. Lo mismo han hecho comunistas, coincidiendo además éstos con los socialistas. Millares de panfletos que han circulado llamando al Parque en los últimos días reafirman lo aseverado”.
En consonancia con el plan de acción psicológica de Puga respecto a la distribución masiva de panfletos, Las Últimas Noticias consignó que el exparlamentario Carlos Dupré (PDC) denunció la confección de miles de panfletos de supuesta autoría del MIR y el PC en una imprenta ubicada en calle Serrano 225, en el centro de Santiago. La denuncia sugería que dichos panfletos habían sido impresos por agentes o funcionarios de la dictadura, en una operación de montaje político.
El jueves 17, en su columna de La Tercera, Puga vaticinó un completo fracaso de la concentración. “Sólo cuentan con el apoyo de la máquina asesina del comunismo internacional, que ahora se ha dedicado a matar a carabineros que tienen como única misión proteger a las personas y los bienes públicos y privados, de actos delincuenciales”, escribe.
Sin embargo, contra las aspiraciones y los planes de Puga y la dictadura, en su edición del 19 de noviembre de 1983, La Tercera informó que la concentración se realizó en “absoluta tranquilidad”. En esas mismas páginas, el intendente Roberto Guillard reconoció que “no hemos tenido nada, absolutamente nada que lamentar”.