En un escenario de alta polarización y conflictividad, producto del debate por una nueva Constitución, parecía que los líderes y representantes del catolicismo local se encontraban adormecidos. La crisis de confianza desatada por la serie de denuncias de abusos sexuales que enfrentan algunos de sus miembros y la falta de transparencia institucional en el tratamiento de los casos denunciados le hicieron mantener bajo perfil. Junto con ello, la Iglesia no ha logrado sintonizar con las demandas ciudadanas expresadas durante las movilizaciones sociales, lo que ha implicado perder el protagonismo en la agenda pública, transformándose en un actor social secundario en el Chile actual.
Sin embargo, al fragor de las discusiones, temores y esperanzas suscitadas por el plebiscito que busca aprobar o rechazar la propuesta de un nuevo texto constitucional, la cúpula de la Iglesia católica chilena expresó públicamente su posición a través de un documento titulado “Los Obispos de Chile frente a la propuesta constitucional”, el 22 de julio pasado. A través de dicho texto, y buscando entregar elementos para el discernimiento informado y votar en conciencia, señalan que “ofrecemos nuestras orientaciones para iluminar desde la Palabra de Dios la conciencia de todos”. Más allá de la búsqueda por reposicionarse como un actor social y político relevante, resulta llamativo el ofrecimiento de orientación y guía a la ciudadanía, considerando su ausencia en los debates y problemáticas sociales actuales (desigualdad, violencia, discriminación de género, etc.) y su progresiva deslegitimación social (19% de confianza de acuerdo a la Encuesta Nacional Bicentenario UC 2021). Es así como presentan una mirada crítica al contenido del texto constitucional en temáticas como derechos sexuales y reproductivos, género, plurinacionalidad y autogobierno de los pueblos indígenas, ampliación de la categoría familia, laicidad de la educación pública, libertad religiosa, entre otras. Y aunque no se pronuncian de manera explícita por ninguna de las dos opciones, la sumatoria de cuestionamientos al texto permite presumir su inclinación por la opción Rechazo.
Bajo este escenario es que la comunidad de Carmelitas Descalzas de San José de Maipo –orden religiosa presente en el país desde el siglo XVII-, compartió sus reflexiones en torno al texto constitucional. En una carta dirigida al pueblo de Chile titulada “Reflexiones desde una mirada contemplativa de la propuesta de una Nueva Constitución para Chile”, del 21 de agosto de 2022, destacan algunos aspectos fundamentales, como el reconocimiento de los pueblos indígenas en tanto depositarios, desde tiempos de la conquista de América, del cristianismo encarnado en la Virgen de Guadalupe tras su aparición al indio Juan Diego. Así, no solo valoran la libertad de religión, sino también la ampliación de dicha categoría para dar cabida a la espiritualidad, las consideraciones referidas al respeto de la naturaleza y la instauración de un estado social de derecho, y poniendo de relieve el resguardo de los derechos humanos, la democracia participativa, inclusiva y paritaria, además de regional, lo que permitirá el desarrollo de los diversos territorios del país.
Si bien reconocen que el texto es perfectible, y que puede ser mejorado a través del diálogo, respeto y buena voluntad, sostienen que este constituye un gran paso para el futuro de Chile.
Finalmente, señalan: “Esta reflexión surge en una comunidad de mujeres dedicadas a la vida contemplativa, abiertas al soplo del Espíritu y a la construcción de un Chile para todos, justo, equitativo, tolerante, empático, grande de alma y corazón, en el cual caben todos los seres humanos y la creación toda, en donde podamos volver a mirarnos y encontrarnos como hermanos”.
La reacción por parte de la cúpula de la Iglesia católica chilena no tardó en materializarse, y a través de una carta el Obispo Auxiliar de Santiago, Carlos Godoy Labraña, cuestionó e interpeló a las Carmelitas Descalzas de San José de Maipo para que se pronunciaran respecto a uno de los temas más controvertidos para la institucionalidad eclesial: el aborto. De paso les recordó su obligación moral de defensa de la vida y les reprochó que su carta dirigida al pueblo de Chile omita dicho tema.
La respuesta de la Asociación de Carmelitas Descalzas –que agrupa a 13 monasterios- fue a a través de un comunicado público que no solo lamentó los dichos de sus pares del Maipo, sino también dejó en claro que ellas no formaban parte de dicha asociación, por lo cual no las representaba.
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Más allá de la diversidad de opiniones expresada en un contexto de alta polarización, la divergencia y valoración de la propuesta de texto constitucional por parte de las instituciones religiosas permite advertir las fracturas existentes respecto a forma y fondo en sus opiniones públicas, las que se pueden expresar como opinión/imposición u opinión/valoración.
La pérdida de control de las autoridades religiosas no solo pone en cuestión el ejercicio del poder en la Iglesia católica chilena, sino también la incapacidad de sintonizar con las demandas de la ciudadanía y uno de los baluartes de la democracia: la libertad de expresión. La defensa de los valores propios de una confesión religiosa no pueden servir de excusa para ejercer el poder de manera autoritaria y desacreditar la palabra disidente. En un país que enfrenta procesos de transformación social y cultural acelerados, la necesidad de un cristianismo democrático que participe de la esfera pública podría contribuir al fortalecimiento del tejido social deteriorado. La búsqueda de la neutralidad, que en el pasado se reflejaba en frases como “religión y política no deben mezclarse”, no solo da muestras de comodidad y ausencia de diálogo democrático, sino también de falta de interés en la construcción de sociedad.
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Las Carmelitas Descalzas de San José de Maipo llevan años realizando activismo medioambiental en defensa del recurso hídrico de su localidad, rechazando la construcción de la central eléctrica El Canelo y expresando públicamente sus críticas a este tipo de proyectos de desarrollo. Tras una larga disputa judicial, y con apoyo de la comunidad, el año 2020 el Servicio de Evaluación Ambiental dio a conocer la resolución que declara la caducidad de la calificación ambiental del proyecto en cuestión. En consecuencia, este grupo de religiosas, más allá de su condición, forma parte de la sociedad que demanda nuevos derechos, respeto y empatía, apostando por el fortalecimiento de la democracia a través del diálogo.
También resulta importante destacar la valentía y claridad expositiva con la que dicha congregación de religiosas expresó su valoración del texto constitucional a contracorrientes no solo de la jerarquía de la Iglesia local, sino también de aquellos sectores conservadores que no tardaron en tacharlas de progresistas e inclusive comunistas, retrotrayendo la discusión a aquellos tiempos en que la teología de la liberación era vista como una amenaza en el Chile dictatorial.